Sintesis Digital
A disposición de la Procuraduría General de la República (PGR) quedaron cuatro de los doce detenidos por el zafarrancho registrado en Rafael Lara Grajales la tarde del domingo, por su probable responsabilidad en el delito de tráfico de personas.
Igualmente, 21 de los 34 indocumentados que estaban privados de su libertad, están declarando ante la misma autoridad federal a fin de que se inicie la investigación por la presunta participación de policías municipales de la zona en el secuestro y extorsión a los centroamericanos.
De acuerdo con el secretario de Gobernación (Segob) Mario Montero Serrano, al menos cinco policías municipales de Rafael Lara Grajales podrían estar involucrados con los casos de extorsión y secuestro en agravio de los indocumentados. Estos elementos dados a la fuga no recibirán ninguna protección de las autoridades, por lo que ya se iniciaron las investigaciones para dar con su paradero.
El pasado domingo por la noche se desató la violencia en esta población cuando vecinos impidieron a la policías Estatal y Judicial que los centroamericanos fueran trasladados a la capital del estado, incendiando dos camionetas oficiales, así como una motoneta y destruyendo el camión que iban a abordar los migrantes asegurados.
Según Emanuel Perez Huerta, director de protección civil de Grajales, una camioneta con altavoces hizo llamados a los habitantes de la población para que se reunieran en el zócalo, cuando ya el ministerio público atendía los primeros hechos. De acuerdo con Pérez Huerta, personas contrarias al presidente municipal fueron los que conducían la camioneta y hacían los llamados.
La Jornada de Oriente:
MARTÍN HERNÁNDEZ ALCÁNTARA
Al menos cinco policías municipales de Lara Grajales están señalados como cómplices de los traficantes de personas que secuestraron y torturaron a 21 migrantes el fin de semana pasado. El quinteto de uniformados se dio a la fuga junto con los plagiarios, los cuales hasta ayer por la noche no habían sido aprehendidos.
Sin embargo, en Lara Grajales hay temor de que los criminales tomen represalias, al punto de que los vecinos de la casa de seguridad en donde estuvieron los centroamericanos han comenzado a mudar de residencia ante el temor de que los delincuentes los identifiquen y, al suponer que puedan haber declarado en su contra ante las autoridades correspondientes, los agredan.
El alcalde de ese sitio, Juan Torres Altamirano, afiliado al Partido Acción Nacional, declaró que no encubrirá a los uniformados, aunque otros regidores de la Comuna, también militantes panistas, salieron abiertamente en su defensa. Empero, los albiazules sí exhibieron sintonía para culpar a sus adversarios locales del PRI de haber azuzado a la turba que quemó cuatro patrullas y apedreó la sede de la alcaldía cuando se supo que los gendarmes eran cómplices de la delincuencia organizada.
Desde la mañana, el secretario de Gobernación estatal, Mario Alberto Montero Serrano, dio a conocer que las primeras investigaciones sobre los hechos apuntan a que los plagiarios no son integrantes de Los Zetas, como dijeron las víctimas, sino “polleros” que tienen su zona de operación en Puebla y estados vecinos.
El funcionario añadió que al menos cinco policías municipales de Lara Grajales se dieron a la fuga con los secuestradores, lo cual afianza la presunción de que estaban coludidos con éstos para vejar a los centroamericanos. Pidió a los alcaldes de la entidad hacer más eficientes las pruebas de ingreso y permanencia para quienes integran los cuerpos de seguridad pública comunales.
La Procuraduría General de Justicia (PGJ) emitió un comunicado en el cual dio a conocer que entregó a la Procuraduría General de la República a dos hombres y un par de mujeres, quienes supuestamente son integrantes de la banda de “polleros”. Se trata de María Cristina Galván Alasi, de 18 años, originaria de Coatzacoalcos, Veracruz; Jacqueline López Córdoba, de 19 años, de Xalapa, Veracruz; Tomás del Ángel Hernández, de 21 años, de Poza Rica, Veracruz, y Heriberto Rodríguez Meza, de 24 años de edad, originario de Torreón, estado de Coahuila, todos ellos sujetos a la averiguación previa PGR/PUE/PUE1/1132/08/III.
Asimismo, la dependencia estatal informó que otras ocho personas –dos menores de edad entre ellas– fueron detenidas por los disturbios acontecidos la noche del pasado domingo, cuando una turba iracunda por la participación de los policías en la privación ilegal de la libertad de los migrantes apedreó la sede de la presidencia municipal e incendió dos camionetas e igual número de cuatrimotos de los uniformados.
Policías “en riesgo”
El presidente municipal Juan Torres Altamirano, quien estuvo ausente de Lara Grajales durante la crisis, telefoneó este lunes a varios noticiaros radiofónicos, como la emisión matutina del noticiario radiofónico UItra Sistema de Noticias, conducido por Fernando Canales –quien en esos momentos entrevistaba a Mario Alberto Montero Serrano– para deslindarse del secuestro y decir que no estaba ocultándose, como dicen sus detractores, por lo que solicitaba una audiencia con el responsable de la política interior en la entidad.
Torres Altamirano no se encontró con Montero Serrano porque, al igual que el síndico de su administración, tuvo que rendir su declaración ante la PGJ; sin embargo, se comunicó telefónicamente con el subsecretario para Asuntos Políticos, Joe Hernández Corona. Al final de la reunión, el munícipe abandonó la sede del Poder Ejecutivo local.
El alcalde también hizo declaraciones al noticiario radiofónico Oro Noticias, en cuya página electrónica se consignó que dijo que “16 policías estuvieron en riesgo de asfixiarse a causa” del motín.
“Agregó que el grupo de quejosos no dejó que el Instituto Nacional de Migración interviniera cuando éste se presentó para tomar las medidas pertinentes en cuanto a los indocumentados. Finalmente, el edil solicita al gobierno del estado su intervención para el esclarecimiento del caso”.
Por la noche, en la emisión nocturna del mismo informativo, entrevistado por el periodista Mariano Serrano, Juan Torres Altamirano pidió que se aplicara todo el peso de la ley sobre los policías si a caso éstos son culpables del secuestro, pero también exigió el mismo trato para los azuzadores de la turba.
Hoy a las 10 de la mañana el edil ha convocado a una rueda de prensa en un céntrico restaurante de la ciudad de Puebla.
“Fueron otros policías”
Horas más tarde, en Lara Grajales, la regidora de salud, Juana Arias Morales, también militante de Acción Nacional, declaró en una entrevista que los uniformados que secuestraron a los migrantes no son de esa localidad, si no del municipio vecino de Nopalucan.
Arias incluso afirmó que los policías de Lara Grajales auxiliaron a los indocumentados dándoles comida y ropa en los minutos posteriores a su escape de la casa de seguridad en la que estuvieron cautivos durante tres días, aunque en realidad los uniformados se limitaron a videograbar con las cámaras de sus teléfonos móviles a las víctimas y los ciudadanos que les brindaban alimento y prendas.
La representante popular intentó soslayar el conflicto arguyendo que el amotinamiento fue resultado del azuzamiento que hicieron los ex alcaldes priistas de Lara Grajales, Elvia Suárez Ramírez y Ciro Hernández, entre otros militantes priistas, como Mariana Huerta, Jorge Casas, Enrique y Cecilia Vela, Yolanda Gasca, amén de Adriana y Guillermina Suárez Ramírez.
En sintonía con el presidente municipal, Arias Morales manifestó que los priistas “pusieron en riesgo la integridad de los policías que nunca estuvieron en contra de los migrantes, al contrario, los ayudaron”.
La regidora expresó que en 40 años nunca había sucedió un plagio de migrantes, aunque reconoció que el municipio de Lara Grajales es un lugar de tránsito contínuo para migrantes, porque la cabecera municipal es atravesada por la vía Interoceánica y la Mexicana. “A veces los indocumentados se bajan y piden una moneda o un suéter, la gente se los da, la gente los ayuda”.
La representante popular dijo que en la casa de salud del municipio hay un programa especial para poder atender a los migrantes “que traen males estomacales o atender a los que tienen enfermedades sexuales por sus relaciones promiscuas” (sic).
Lo cierto es que el personal de la PGJ se apersonó en Lara Grajales al filo de las 15 horas –más de un día después de que se descubrió el secuestro– para iniciar las indagatoria sobre los disturbios en el lugar donde las patrullas fueron quemadas.
La casa de seguridad donde estuvieron presos los migrantes carecía de vigilancia o cintas que vedaran el paso a curiosos. Un par de reporteros gráficos intentó ingresar al edificio ante la mirada curiosa de algunos vecinos. Unos niños que estaban por ahí patearon las puertas del edificio y se metieron campantes, revolviendo los objetos personales que todavía se encontraban ahí, como carteras y mochilas.
Varios vecinos manifestaron que estaban por abandonar la calle 4 Oriente, pues temen que los secuestradores retornen.
Diario Cambio:
Alcalde de Lara Grajales, no regresó por miedo
11:10
Estaba en Veracruz cuando se registró el enfrentamiento con habitantes del municipio, pero temía por su seguridad y no se presentó al lugar
Edmundo Velázquez
En el estado de Veracruz se encontraba el presidente municipal de Rafael Lara Grajales, al momento en que ocurrió el disturbio donde escaparon 34 indocumentados y pobladores atacaron la presidencia municipal.
En rueda de prensa el mismo presidente panista, Juan Torres Altamirano, admitió que no acudió al pueblo porque “temía por su seguridad”.
Además el alcalde aseguró que la casa de seguridad donde se encontraban los centroamericanos secuestrados pertenece a María de Carmen López Martínez, identificada por como hermana del ex candidato priista a la presidencia municipal.
La Quinta Columna:
El saldo tras una noche de furia en Lara Grajales
Edmundo Velázquez
Los niños de la Escuela Primaria Guillermo González Camarena caminaron entre los destrozos dejados por el disturbio del domingo por la noche. Ubicada a un costado de la Dirección de Seguridad Pública y Vialidad, la primaria fue testigo mudo de la ira de una muchedumbre que clamó por justicia en contra de los policías municipales que debían de cuidar de la paz pública y en cambio sirvieron a una banda de polleros que a tres cuadras del zócalo tenía una casa de seguridad.
En total, fueron los destrozos contabilizados por la Secretaría de Gobernación, cuatro vehículos incinerados, dos camionetas y dos motocicletas, que recién habían sido entregadas a la población y que tuvieron la mala suerte de encontrarse estacionados sobre la calle en que los vecinos comenzaron la trifulca para proteger a los 34 indocumentados centroamericanos.
También, aunque no fue reconocido por el secretario de Gobernación, Mario Montero Serrano, la oficina auxiliar del Ministerio Público fue saqueada. Sobre la calle 2 Poniente quedó esparcido, roto y en pedazos, el equipo de cómputo de la oficina de la Agencia Auxiliar del Ministerio Público.
El frente de las oficinas quedó con cristales destrozados y puertas abolladas, mientras que la comandancia aún puede verse chamuscada debido a que en la madrugada de ayer intentaron abrir la puerta con los restos aún en llamas.
Hoy solamente aparecieron las cenizas y las versiones oficiales en el ayuntamiento, al cual aún no se ha hecho presente el presidente municipal, José Abundio Torres Altamirano.
Juana Arias Morales, regidora de Salud, fue de las pocas voces oficiales que se atrevieron a defender a los policías municipales. La funcionaria municipal aseguró que los uniformados que llevaban a los indocumentados a la casa de seguridad. “Son los de Nopalucan. No de Lara Grajales”, comentó escuetamente.
Arias Morales además aseguró que la trifulca fue un “asunto de priistas”. Y aseguró que, quienes estaban azuzando a los pobladores fueron Elvio Flores e Isidro Hernández.
Del presidente municipal, la regidora justificó su ausencia asegurando que se encontraba “en una reunión de Salud, en Durango”.
Vía telefónica el presidente municipal José Torres Altamirano aseguró que “no sabía” lo que había pasado y se negó a contestar más preguntas a diversos medios de comunicación.
A disposición de la Procuraduría General de la República (PGR) quedaron cuatro de los doce detenidos por el zafarrancho registrado en Rafael Lara Grajales la tarde del domingo, por su probable responsabilidad en el delito de tráfico de personas.
Igualmente, 21 de los 34 indocumentados que estaban privados de su libertad, están declarando ante la misma autoridad federal a fin de que se inicie la investigación por la presunta participación de policías municipales de la zona en el secuestro y extorsión a los centroamericanos.
De acuerdo con el secretario de Gobernación (Segob) Mario Montero Serrano, al menos cinco policías municipales de Rafael Lara Grajales podrían estar involucrados con los casos de extorsión y secuestro en agravio de los indocumentados. Estos elementos dados a la fuga no recibirán ninguna protección de las autoridades, por lo que ya se iniciaron las investigaciones para dar con su paradero.
El pasado domingo por la noche se desató la violencia en esta población cuando vecinos impidieron a la policías Estatal y Judicial que los centroamericanos fueran trasladados a la capital del estado, incendiando dos camionetas oficiales, así como una motoneta y destruyendo el camión que iban a abordar los migrantes asegurados.
Según Emanuel Perez Huerta, director de protección civil de Grajales, una camioneta con altavoces hizo llamados a los habitantes de la población para que se reunieran en el zócalo, cuando ya el ministerio público atendía los primeros hechos. De acuerdo con Pérez Huerta, personas contrarias al presidente municipal fueron los que conducían la camioneta y hacían los llamados.
La Jornada de Oriente:
MARTÍN HERNÁNDEZ ALCÁNTARA
Al menos cinco policías municipales de Lara Grajales están señalados como cómplices de los traficantes de personas que secuestraron y torturaron a 21 migrantes el fin de semana pasado. El quinteto de uniformados se dio a la fuga junto con los plagiarios, los cuales hasta ayer por la noche no habían sido aprehendidos.
Sin embargo, en Lara Grajales hay temor de que los criminales tomen represalias, al punto de que los vecinos de la casa de seguridad en donde estuvieron los centroamericanos han comenzado a mudar de residencia ante el temor de que los delincuentes los identifiquen y, al suponer que puedan haber declarado en su contra ante las autoridades correspondientes, los agredan.
El alcalde de ese sitio, Juan Torres Altamirano, afiliado al Partido Acción Nacional, declaró que no encubrirá a los uniformados, aunque otros regidores de la Comuna, también militantes panistas, salieron abiertamente en su defensa. Empero, los albiazules sí exhibieron sintonía para culpar a sus adversarios locales del PRI de haber azuzado a la turba que quemó cuatro patrullas y apedreó la sede de la alcaldía cuando se supo que los gendarmes eran cómplices de la delincuencia organizada.
Desde la mañana, el secretario de Gobernación estatal, Mario Alberto Montero Serrano, dio a conocer que las primeras investigaciones sobre los hechos apuntan a que los plagiarios no son integrantes de Los Zetas, como dijeron las víctimas, sino “polleros” que tienen su zona de operación en Puebla y estados vecinos.
El funcionario añadió que al menos cinco policías municipales de Lara Grajales se dieron a la fuga con los secuestradores, lo cual afianza la presunción de que estaban coludidos con éstos para vejar a los centroamericanos. Pidió a los alcaldes de la entidad hacer más eficientes las pruebas de ingreso y permanencia para quienes integran los cuerpos de seguridad pública comunales.
La Procuraduría General de Justicia (PGJ) emitió un comunicado en el cual dio a conocer que entregó a la Procuraduría General de la República a dos hombres y un par de mujeres, quienes supuestamente son integrantes de la banda de “polleros”. Se trata de María Cristina Galván Alasi, de 18 años, originaria de Coatzacoalcos, Veracruz; Jacqueline López Córdoba, de 19 años, de Xalapa, Veracruz; Tomás del Ángel Hernández, de 21 años, de Poza Rica, Veracruz, y Heriberto Rodríguez Meza, de 24 años de edad, originario de Torreón, estado de Coahuila, todos ellos sujetos a la averiguación previa PGR/PUE/PUE1/1132/08/III.
Asimismo, la dependencia estatal informó que otras ocho personas –dos menores de edad entre ellas– fueron detenidas por los disturbios acontecidos la noche del pasado domingo, cuando una turba iracunda por la participación de los policías en la privación ilegal de la libertad de los migrantes apedreó la sede de la presidencia municipal e incendió dos camionetas e igual número de cuatrimotos de los uniformados.
Policías “en riesgo”
El presidente municipal Juan Torres Altamirano, quien estuvo ausente de Lara Grajales durante la crisis, telefoneó este lunes a varios noticiaros radiofónicos, como la emisión matutina del noticiario radiofónico UItra Sistema de Noticias, conducido por Fernando Canales –quien en esos momentos entrevistaba a Mario Alberto Montero Serrano– para deslindarse del secuestro y decir que no estaba ocultándose, como dicen sus detractores, por lo que solicitaba una audiencia con el responsable de la política interior en la entidad.
Torres Altamirano no se encontró con Montero Serrano porque, al igual que el síndico de su administración, tuvo que rendir su declaración ante la PGJ; sin embargo, se comunicó telefónicamente con el subsecretario para Asuntos Políticos, Joe Hernández Corona. Al final de la reunión, el munícipe abandonó la sede del Poder Ejecutivo local.
El alcalde también hizo declaraciones al noticiario radiofónico Oro Noticias, en cuya página electrónica se consignó que dijo que “16 policías estuvieron en riesgo de asfixiarse a causa” del motín.
“Agregó que el grupo de quejosos no dejó que el Instituto Nacional de Migración interviniera cuando éste se presentó para tomar las medidas pertinentes en cuanto a los indocumentados. Finalmente, el edil solicita al gobierno del estado su intervención para el esclarecimiento del caso”.
Por la noche, en la emisión nocturna del mismo informativo, entrevistado por el periodista Mariano Serrano, Juan Torres Altamirano pidió que se aplicara todo el peso de la ley sobre los policías si a caso éstos son culpables del secuestro, pero también exigió el mismo trato para los azuzadores de la turba.
Hoy a las 10 de la mañana el edil ha convocado a una rueda de prensa en un céntrico restaurante de la ciudad de Puebla.
“Fueron otros policías”
Horas más tarde, en Lara Grajales, la regidora de salud, Juana Arias Morales, también militante de Acción Nacional, declaró en una entrevista que los uniformados que secuestraron a los migrantes no son de esa localidad, si no del municipio vecino de Nopalucan.
Arias incluso afirmó que los policías de Lara Grajales auxiliaron a los indocumentados dándoles comida y ropa en los minutos posteriores a su escape de la casa de seguridad en la que estuvieron cautivos durante tres días, aunque en realidad los uniformados se limitaron a videograbar con las cámaras de sus teléfonos móviles a las víctimas y los ciudadanos que les brindaban alimento y prendas.
La representante popular intentó soslayar el conflicto arguyendo que el amotinamiento fue resultado del azuzamiento que hicieron los ex alcaldes priistas de Lara Grajales, Elvia Suárez Ramírez y Ciro Hernández, entre otros militantes priistas, como Mariana Huerta, Jorge Casas, Enrique y Cecilia Vela, Yolanda Gasca, amén de Adriana y Guillermina Suárez Ramírez.
En sintonía con el presidente municipal, Arias Morales manifestó que los priistas “pusieron en riesgo la integridad de los policías que nunca estuvieron en contra de los migrantes, al contrario, los ayudaron”.
La regidora expresó que en 40 años nunca había sucedió un plagio de migrantes, aunque reconoció que el municipio de Lara Grajales es un lugar de tránsito contínuo para migrantes, porque la cabecera municipal es atravesada por la vía Interoceánica y la Mexicana. “A veces los indocumentados se bajan y piden una moneda o un suéter, la gente se los da, la gente los ayuda”.
La representante popular dijo que en la casa de salud del municipio hay un programa especial para poder atender a los migrantes “que traen males estomacales o atender a los que tienen enfermedades sexuales por sus relaciones promiscuas” (sic).
Lo cierto es que el personal de la PGJ se apersonó en Lara Grajales al filo de las 15 horas –más de un día después de que se descubrió el secuestro– para iniciar las indagatoria sobre los disturbios en el lugar donde las patrullas fueron quemadas.
La casa de seguridad donde estuvieron presos los migrantes carecía de vigilancia o cintas que vedaran el paso a curiosos. Un par de reporteros gráficos intentó ingresar al edificio ante la mirada curiosa de algunos vecinos. Unos niños que estaban por ahí patearon las puertas del edificio y se metieron campantes, revolviendo los objetos personales que todavía se encontraban ahí, como carteras y mochilas.
Varios vecinos manifestaron que estaban por abandonar la calle 4 Oriente, pues temen que los secuestradores retornen.
Diario Cambio:
Alcalde de Lara Grajales, no regresó por miedo
11:10
Estaba en Veracruz cuando se registró el enfrentamiento con habitantes del municipio, pero temía por su seguridad y no se presentó al lugar
Edmundo Velázquez
En el estado de Veracruz se encontraba el presidente municipal de Rafael Lara Grajales, al momento en que ocurrió el disturbio donde escaparon 34 indocumentados y pobladores atacaron la presidencia municipal.
En rueda de prensa el mismo presidente panista, Juan Torres Altamirano, admitió que no acudió al pueblo porque “temía por su seguridad”.
Además el alcalde aseguró que la casa de seguridad donde se encontraban los centroamericanos secuestrados pertenece a María de Carmen López Martínez, identificada por como hermana del ex candidato priista a la presidencia municipal.
La Quinta Columna:
El saldo tras una noche de furia en Lara Grajales
Edmundo Velázquez
Los niños de la Escuela Primaria Guillermo González Camarena caminaron entre los destrozos dejados por el disturbio del domingo por la noche. Ubicada a un costado de la Dirección de Seguridad Pública y Vialidad, la primaria fue testigo mudo de la ira de una muchedumbre que clamó por justicia en contra de los policías municipales que debían de cuidar de la paz pública y en cambio sirvieron a una banda de polleros que a tres cuadras del zócalo tenía una casa de seguridad.
En total, fueron los destrozos contabilizados por la Secretaría de Gobernación, cuatro vehículos incinerados, dos camionetas y dos motocicletas, que recién habían sido entregadas a la población y que tuvieron la mala suerte de encontrarse estacionados sobre la calle en que los vecinos comenzaron la trifulca para proteger a los 34 indocumentados centroamericanos.
También, aunque no fue reconocido por el secretario de Gobernación, Mario Montero Serrano, la oficina auxiliar del Ministerio Público fue saqueada. Sobre la calle 2 Poniente quedó esparcido, roto y en pedazos, el equipo de cómputo de la oficina de la Agencia Auxiliar del Ministerio Público.
El frente de las oficinas quedó con cristales destrozados y puertas abolladas, mientras que la comandancia aún puede verse chamuscada debido a que en la madrugada de ayer intentaron abrir la puerta con los restos aún en llamas.
Hoy solamente aparecieron las cenizas y las versiones oficiales en el ayuntamiento, al cual aún no se ha hecho presente el presidente municipal, José Abundio Torres Altamirano.
Juana Arias Morales, regidora de Salud, fue de las pocas voces oficiales que se atrevieron a defender a los policías municipales. La funcionaria municipal aseguró que los uniformados que llevaban a los indocumentados a la casa de seguridad. “Son los de Nopalucan. No de Lara Grajales”, comentó escuetamente.
Arias Morales además aseguró que la trifulca fue un “asunto de priistas”. Y aseguró que, quienes estaban azuzando a los pobladores fueron Elvio Flores e Isidro Hernández.
Del presidente municipal, la regidora justificó su ausencia asegurando que se encontraba “en una reunión de Salud, en Durango”.
Vía telefónica el presidente municipal José Torres Altamirano aseguró que “no sabía” lo que había pasado y se negó a contestar más preguntas a diversos medios de comunicación.
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